martes, 18 de junio de 2013

6 meses de inclemente crisis económica. Déficit y políticas públicas.

Vía @Serxiuxo

De acuerdo con el Inegi, durante el primer trimestre del año, el primero del gobierno de don Peña Nieto, las actividades económicas primarias del país crecieron 2.8%, las secundarias tuvieron un déficit de 1.5% y las terciarias se incrementaron apenas en 1.9%. En contraste, durante el primer trimestre de 2012, el PIB creció 4.9%, las actividades primarias se incrementaron en 6.4%, las secundarias 4.9% y 5.3% las terciarias. Así, el déficit del PIB para marzo del presente, en comparación con el último y cuarto periodo del año pasado, fue de 567 mil 445 millones de pesos. 

Sin embargo, el anuncio de la reforma financiera, que a través de 14 decretos y la modificación de 38 leyes impulsará la capitalización de la banca comercial, parece no jugar en la misma liga de la severa crisis que rasguña las entrañas del país. El gobierno peñista pretende desempeñar un papel interventor subsecuente, mediante la judicialización de los deudores a la banca, y promotor de la creditización financiera a inversionistas particulares; el riesgo de generar inmensos fondos de inversión es que el capital otorgado pueda no ser renegociado, o reinvertido, y las reservas financieras se reduzcan de forma alarmante. 

El fortalecimiento de la banca comercial, consentido por el gobierno federal, para ampliar su capacidad de crédito, es una estrategia sumamente riesgosa. Las políticas públicas peñistas apuntan hacia un solo lugar, las reformas estructurales no cesarán hasta maquillar súbitamente la necesidad del país de abrir el mercado a la inversión extranjera, debido a la incapacidad de la administración pública, y sus instituciones, para fortalecer las actividades económicas internas. 

Ahora, bien, ésta política de apertura del mercado al capital privado, que ha conducido la actual y reciente administración federal, no es tanto un esquema de austeridad de gastos sino de rasgos de inexperiencia del gobierno, cuya función deberá ser la planeación y solidificación, democrática, del funcionamiento de recursos y sus paraestatales. Es, pues, el bajo desarrollo local el que, automáticamente, abre las puertas a la inversión particular. 

Como en el caso de los principales recursos, el petróleo y el maíz, si el gobierno delega funciones a prestadores de servicio externos para realizar labores de desarrollo, producción, abastecimiento y mantenimiento, el costo ético, más que el económico, es altísimo. El entendimiento de que las principales actividades económicas puedan desarrollarse con la ausencia de la gestión pública y, por tanto, operar con capital privado sin la supervisión gubernamental, es un gravísimo error, carajo; como dije, es, fundamentalmente, un problema de ética. La inyección de capital extranjero desestabilizará, inminentemente, los mecanismos de recuperación de gastos de inversión local y suspenderá la reinversión en otros rubros, no necesariamente directos, como la generación de empleos, por ejemplo. 

A propósito, esta mañana, el honesto periódico La Jornada publicó una interesante nota sobre la desaceleración económica del segundo trimestre del año. 

Resulta que, chingao, el Banco de México retiró de circulación unos 73 mil 200 millones de pesos, 256% más que lo apartado para el segundo trimestre del año pasado. El monto del dinero en circulación y la liquidez bancaria es de 772 mil 198 millones de pesos, cuando en Diciembre pasado era de 845 mil 395 millones. El M1, el dinero total en circulación más los depósitos en cuenta corriente y las cuentas de cheques, tuvo una contracción de 129 mil millones de pesos, respecto al segundo trimestre de 2012. 

“De acuerdo con el reporte del banco central, el saldo del que fuera conocido como medio circulante descendió a 2 billones 151 mil millones de pesos en el cuarto mes del año en curso, desde un monto de 2 billones 280 mil millones en el último mes del año pasado… Según esto, exclusivamente los billetes y monedas en poder del público tuvieron una reducción de 54 mil 500 millones de pesos de enero a abril; las cuentas de cheques en moneda nacional disminuyeron en 71 mil 400 millones, en tanto que las denominadas en moneda extranjera aumentaron en 4 mil 400 millones, y los depósitos a la vista en entidades de ahorro y crédito popular tuvieron una caída de 9 mil 500 millones”. (La Jornada, martes 18 de junio de 2013, “Retiran de circulación $73 mil 200 millones”, http://www.jornada.unam.mx/2013/06/18/economia/025n1eco). 

Se le agota el año a don Peña Nieto y sus colaboradores, los soberbios pero inteligentes Osorio Chong y Luis Videgaray, para lidiar con la crisis; al rato cobran el aire que respiramos y todos contentos, caray. Por ejemplo, ya era muy extraña la estrategia de conservar el subsidio a la tenencia, que implementara el peligroso señor Felipe Calderón en 2012; al respecto, se desarrolla una reforma fiscal verde, ecológica dicen, para impulsar un incremento de recaudación de hasta cuatro puntos del PIB, una millonada. La “Política fiscal y medio ambiente. Bases para una agenda común”, considera que el impacto es doble si se asume el retorno económico del gravamen y el impacto ambiental que generan al motivar a mejores prácticas ambientales, a través de diversos mecanismos de recuperación como la posible reestructuración de la tenencia federal, el aumento de impuestos a las tarifas de los energéticos, o la derogación de su subsidio; entre otras linduras. La OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, recopila en su análisis, “Estudio Económico para México, la relevancia de prescindir de los subsidios, la “importancia” de la apertura comercial a la inversión privada y el aumento de impuestos para contrarrestar la jodida crisis. Una chingadera. 

Déficit, apertura del mercado, delegación de desarrollo de actividades económicas a prestadores de servicio privados, políticas de austeridad de gastos, derogación de subsidios, creditización de la banca comercial, retiro de dinero en circulación, entre otros síntomas, hacen imposible maquillar el desastre que ha sido el gobierno durante sus primeros 6 meses de administración.

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